La red de carreteras del Estado, que administra el ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, es de 26.403 km y recoge el 53% del tráfico total y más del 63% del tráfico pesado. De toda esta red hay más de 12.000 km de vías de gran capacidad, autopistas, autovías y vías multicarril. De ello, y según fuentes solventes, algo más de 3.000 km son las vías de gran circulación de pago en España.
En Europa no existe un modelo de gestión único de este tipo de infraestructuras, algunos países tienen la red de gran capacidad de pago y otros tienen una parte de ella gratuita. Desde el ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana se ha dicho que la asunción de la titularidad por el Estado de autopistas que hoy operan bajo concesión darán lugar a un incremento notable en los gastos de conservación, que hoy afrontan los gestores privados, y en un nuevo escenario tendría que afrontarse desde el Estado. Ello significaría un incremento de gasto en el Presupuesto que, como se acepta de forma general, tiene que asumir el gran peso que significan los gastos sociales; como sanidad, dependencia, discapacidad y paro, entre otros, que siempre son prioritarios en cualquier gobierno de nuestra democracia al margen de ideologías.
Esta nueva tensión en el gasto pudiera afrontarse con un pago por uso que, según el Ministerio, representaría un cambio estructural de calado y por ello requeriría un amplio consenso político.
Quizás antes de nada convendría responder a dos preguntas:
– ¿Es oportuno en este momento incrementar el nivel del gasto público y por ello exigir una mayor aportación a los contribuyentes?
– ¿Cuál es la razón por tanto en este momento, para eliminar el sistema de concesiones que asegura una comunicación segura y fluida, con vías alternativas sin peaje y que evita el incremento del gasto público?
Según Seopan, desde el sector de construcción de infraestructuras cobrar por uso obligaría a la tarificación de todas las vías de gran capacidad del país y, según noticias aparecidas en medios de comunicación, cobrando 9 céntimos por kilómetro podría generar un montante de ingresos adicionales superior a los 12.000 millones.
La cuestión sería en este modelo imponer una tasa para usuarios de esta vía que solo se pudiera gestionar de forma ágil ampliando el pago de una cierta cantidad a todo usuario de vías de gran capacidad. Ello viene a ser un aumento de los kilómetros en el modelo actual de autopistas. Sobre este aumento de coste para el contribuyente, hoy no parece que sea el momento oportuno ni siquiera para plantearlo.
No es el momento adecuado.
El cambio de un modelo que funciona aceptablemente no debe modificarse con cargo al esfuerzo de empresas y ciudadanos en un momento en el que es necesario impulsar la actividad en España, y tanto empresas como ciudadanos en muchos casos, por desgracia, carecen de margen para asumir nuevos costes.
Si la razón de cambio de modelo obedece a determinados compromisos políticos o responde a la intención de transmitir a la opinión pública la liberalización de peajes, conviene hacer saber que lo que significaría sería ampliar el pago por uso a más kilómetros de vías.
Dadas las dificultades actuales tanto por el comprometido crecimiento del Producto Interior Bruto de España, su repercusión en el nivel de ingresos públicos, el incremento de gastos en el presupuesto por la difícil situación social del país y la oportunidad de hacer nuestra economía de Europa, la medida en cuestión parece al menos poco oportuna ante el inconveniente que significaría para nuestro desarrollo.
Parece por tanto recomendable en estos momentos de turbulencias no hacer cambios de este calado, pues tampoco la situación política favorece, y en cambio sí es necesaria la correcta aplicación de los fondos europeos en una modernización de nuestra economía que logre hacerla más fuerte y ser riguroso en la eficiencia de las políticas de gasto público.
Teófilo de Luis Rodríguez